Procuraduría urge acciones para reanudar clases en Uniatlántico como quiere la mayoría de estudiantes
Para proteger derecho a la educación y el patrimonio físico de la institución.
La Procuraduría General de la Nación expresó preocupación por la prolongada ‘toma’ de la Universidad del Atlántico, por parte de un reducido grupo de estudiantes, lo que ha ido generando graves perjuicios a los diferentes estamentos universitarios.
Así lo hizo saber la Procuradora Regional del Atlántico, Margarita De la Hoz Jure, quien en misiva dirigida a la Gobernadora Elsa Noguera De la Espriella califica de “difícil la situación que atraviesa la Universidad del Atlántico a raíz de la ‘toma’ por parte de un grupo de estudiantes que impiden el ingreso a las instalaciones de la Universidad al personal administrativo, docente y población estudiantil, desde el 25 de octubre de 2019”.
De acuerdo con la Procuradora, en desarrollo de estos hechos el Ministerio Público realizó el acompañamiento en la asamblea multiestamentaria solicitado por el Rector (e) Jorge Luis Restrepo Pimienta, el lunes 20 de enero, “en el cual se evidenció que la gran mayoría de los estudiantes demandan el retorno a clases, y el potencial deterioro físico de la Universidad”.
En ese orden, sostiene la funcionaria, “como quiera que de una parte se encuentran en riesgo derechos de índole fundamental como lo es el de la educación y de otra el patrimonio público, ya que si se encuentra cerrada la universidad el deterioro físico de la misma es inexorable”, solicitó a la Gobernadora, en el ámbito de su autonomía institucional, “que adelante las acciones a que hubiere lugar que permitan el retorno a clases de los estudiantes y salvaguardar el patrimonio de Uniatlántico”.
La petición fue formulada en ejercicio de las funciones preventivas y de control de gestión
“las cuales no constituyen aval o concepto y solo pretende contribuir a la gestión pública, en procura de la protección de derechos, cumplimiento de la Constitución y la Ley, y no implica de modo alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”.
Es de anotar que la Gobernadora Elsa Noguera De la Espriella desde que asumió el cargo se apersonó de la situación, abrió el diálogo con los diferentes sectores de la Universidad, ha llegado a unos acuerdos en la mesa de negociación, pero los ‘tomistas’ se mantienen en su propósito de seguir paralizando las actividades administrativas y académicas de la Universidad del Atlántico.